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El tratamiento de rehabilitación del consumo problemático de drogas para adolescentes y particularmente, el caso de los adolescentes infractores, constituye uno de los desafíos actuales de las políticas de salud pública en nuestro país. Uno de los parámetros que ha orientado la política pública en esta materia, han sido los estudios nacionales de prevalencia llevados a cabo por el CONACE. En su sexta versión, el Estudio Nacional de Drogas en la Población General, año 2004 muestra que el grupo de 12 a 19 años se encuentra comprometido de manera importante en el consumo problemático, abuso y/o dependencia, representando al 28% del total de consumidores problemáticos. Los jóvenes de 19 a 25 años aparecen como el tramo etáreo con mayores niveles de consumo. No obstante, CONACE, ha señalado como uno de los grupos más promisorios en términos de disminución del consumo, el que va de los 13 a los 18 años. De acuerdo a la evidencia científica, el uso de drogas entre los jóvenes, es mayoritariamente experimental. Un gran número de personas jóvenes, pasan por la adolescencia sin afectarse por este consumo. Sin embargo, en algunos casos la experimentación pasa a patrones de abuso de drogas, los que exponen a los jóvenes consumidores y a otros, a hacerse daño en un sentido físico, pero también psicológico (Rosenbaum, 2002).
Respecto de la relación droga-delito, uno de los supuestos más ampliamente señalado, es el que sugiere que lo consumidores problemáticos o dependientes a alguna droga, cometen delitos para conseguir dinero que financie su consumo, por tanto, que la reducción de la oferta o la prohibición del consumo de algunas drogas, incrementa su valor y así los delitos para su financiamiento. En este punto, Naciones Unidas, ya desde la década de los 70, distingue dos tipos de relación entre el uso indebido de drogas y la delincuencia: Los delitos cometidos bajo la influencia de drogas o "relación directa", y los delitos cometidos para obtener drogas o "relación indirecta" Particularmente en lo referido a los tratamientos por drogodependencia, según Hurtado (2005), los estudios internacionales indican que los programas de tratamiento de droga para infractores de ley, cuando son ejecutados adecuadamente, resultan eficaces para la disminución de la reincidencia. El alto costo y los bajos efectos del encarcelamiento para estos fines, sumado al conocimiento sobre los positivos resultados del tratamiento, han tenido como consecuencia, una mayor utilización de éste en lugar de la prisión. De esta manera, la pena privativa de libertad ha cedido espacio ante el tratamiento dirigido a consumidores problemáticos o dependientes. El estudio responderá entonces a la pregunta acerca de la los resultados e impacto de los programas de tratamiento de consumo de drogas y alcohol de CONACE-FONASA (ambulatorio intensivo y residencial) implementados como sanción accesoria a las sanciones de la Ley 20.084, en una muestra de adolescentes infractores. Un buen antecedente en este sentido es el “Estudio de seguimiento de una cohorte de beneficiarios para la evaluación de impacto de los planes de atención de las instituciones en convenio CONACE-FONASA” que está llevando a cabo en la actualidad la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y que busca evaluar el mantenimiento y cambios de los distintos logros terapéuticos.
La metodología a utilizar en el estudio es cuasi experimental, para evaluar el programa ambulatorio intensivo se utilizarán dos grupos experimentales (medio cerrado y abierto) y un grupo de control en medio cerrado; luego para comparar efectos de ambos programas en medio libre se tomarán dos grupos uno con programa ambulatorio intensivo y otro residencial. Para la recolección de la información en la evaluación de impacto, se utilizará el cuestionario Composite International Diagnostic Interview (CIDI) 3.0 para verificar el correcto diagnóstico sobre el consumo de drogas, y adicionalmente se aplicará el APGAR – familiar, y el “Validación Addiction Severity Index (ASI)” este último permite medir la severidad del consumo y la necesidad de tratamiento, en siete áreas de problemas: Médica, empleo, alcohol, drogas, legal, familiar/social, siquiátrica. Además de recopilación de las orientaciones técnicas de los programas, observaciones en la implementación de los mismos, entrevistas con operadores, focus group con jóvenes y entrevistas con sus familias, revisión de informes diagnósticos, avances y resultados de los jóvenes, todo ello con el fin de evaluar el cumplimiento de estándares clínicos y de derecho de los programas, y evaluar los resultados de mediano plazo de los mismos. El estudio se desarrollará en dos grandes etapas: la primera consistente en la redefinición y validación de instrumentos, aplicación de línea de base y análisis de los estándares de los programas (duración 5 meses); y la segunda después del término del tratamiento de los adolescentes (entre los 10 y 12 meses), en esta etapa se medirá el impacto de los programas. De estas dos etapas los productos serán: un informe de avance (5º mes) y un informe final (18º mes), los que debiesen ser traducidos en dos publicaciones (electrónica y en papel) y en un seminario de presentación de resultados. |