Fondef Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico

Sólo el 10% de los investigadores nacionales trabajan en empresas, una muestra del divorcio entre la academia y la producción.

Nadie se hubiera imaginado que estados como Ohio, la cuna del caucho en Estados Unidos; Illinoins, el motor de la industria de los ferrocarriles; o Minesotta, el centro de la agricultura de este país, hace cien años eran terrenos áridos sin ningún futuro comercial.
¿Qué pasó? En estas zonas se instalaron centros universitarios que se especializaron en formar técnicos y profesionales que se dedicaran específicamente al área productiva del lugar, haciendo una unión entre academia y producción que hasta el día de hoy perdura, convirtiéndose en una de las claves del éxito económico y de la diversificación productiva de EE.UU.
Esta es la orientación práctica que tienen universidades internacionales ¿Beneficios de la alianza? Ayuda a mejorar el proceso de internacionalización de las naciones, fomenta el desarrollo tecnológico y productivo de las localidades regionales, forma profesionales enfocados al desarrollo productivo y mejora el desarrollo de la pequeña y mediana industria.
En Chile, esta alianza está aún en pañales, según concuerdan académicos, empresarios y autoridades gubernamentales. Las cifras son concluyentes: según señala el gerente de Operaciones de la Sociedad de Fomento Fabril, Javier Fuenzalida, existe un desbalance entre los recursos destinados por el Estado a la investigación científica. En los países desarrollados aproximadamente el 60% de este gasto se realiza en torno a las empresas y en Chile el mismo no llega a 20%.
Adolfo Arata, director del Instituto para la Innovación Empresarial de la Universidad Santa María, agrega que en Europa la mitad de los investigadores tienen su centro de operaciones en empresas, mientras en Chile esta misma cifra alcanza con dificultades el 10%. Sin embargo, se está trabajando y ya existen algunos programas interesantes, experiencias de casas de estudios, convenios con multinacionales y proyectos que dan esperanzas.
En el país el nexo universidad-empresa se coordina principalmente mediante la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que se encarga de alianzas con universidades regionales, y el Conicyt, que tiene a su cargo los convenios de innovación tecnológica entre estos sectores.
Esta última mediante el Fondef apoya proyectos universitarios patrocinados por privados que tengan un destino práctico, así 300 empresas y 1.500 estudiantes han realizado proyectos.

Lo que hay en estos momentos
Corfo mediante su Fondo de Desarrollo para la Innovación (FDI) también destina dineros a proyectos que deben tener patrocinio de alguna entidad privada reconocida por el organismo.
Esto, más la iniciativa de las propias empresas y universidades de todo al país, ha configurado un panorama de cooperación de segunda generación en que se han establecido alianzas sistemáticas a nivel de asesorías, las que tienen sus caras más visibles en el desarrollo de la industria forestal en la Décima Región, utilización de suelos áridos y cultivos de mariscos en el norte, desarrollo de la acuicultura – en especial la salmonicultura- y la ganadería en el extremo sur.
Esto gracias a convenios de cooperación con casas de estudio como la Universidad Austral, de Talca y del Norte, de Magallanes, de la Frontera y del Bío-Bío, por nombrar algunas; aquí alumnos y profesionales trabajan codo a codo con madereras, salmoneras y ganaderas.
En otra línea y ya a un nivel más sofisticado, diversas universidades han formalizado su unión con la empresa estableciendo centros de desarrollo e innovación fuera de sus aulas, en que personal de cada universidad trabaja específicamente para empresarizar innovaciones y sistematizar la tecnología.
Aquí los propios entrevistados destacan los trabajos de la Universidad Santa María con su Instituto Internacional de Innovación Empresarial y el Laboratorio Intel, la Universidad de Concepción con su Unidad de Desarrollo Tecnológico, Católica del Norte con su Departamento de Investigación y Cooperación Técnica, la UC de Santiago con Dictuc y la Universidad de los Lagos con sus Unidades Tecnológicas.
Para Adolfo Arata, aún queda mucho por hacer en la formación de centros de transferencia tecnológica para transformarlos en efectivos ejes de desarrollo. A su juicio, se requiere tener un compromiso a todo evento de las instituciones involucradas, estudiar experiencias extranjeras y fomentar reales instrumentos de apoyo de parte del Estado.
Germán Dastres, presidente de la Conupia y representeante del sector Pyme, advierte que es fundamental que la transferencia tecnológica de las universidades fije como su norte la pequeña y mediana industria del país.
Para ayudar, el Conicyt en conjunto con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) proponen tres temas.
Según Víctor Manríquez, director de Fomento y Desarrollo del Fondef de Conicyt, lo primero es sensibilizar a la gente sobre la innovación y convencerlos de que genera competitividad, esto implica organizar seminarios y charlas temáticas.
El mismo Manríquez explica que es fundamental un esquema de incentivos fiscales para la innovación tecnológica y el fomento de la inserción de jóvenes investigadores en las empresas, a semejanza del modelo que funciona en Francia, en que el Gobierno financia la incorporación de un joven por un año a una empresa bajo la supervisión y apoyo de la universidad.

Los fondos
La institución que se ha definido como el nexo entre proyectos de universidad y empresas es el Conicyt, mediante su Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondef, creado en 1991. En la décima versión del Concurso de Investigación y Desarrollo se entregaron $12.254 millones, un incremento si se compara con lo entregado en 2001 en que el monto fue de $11.306 millones.
Asimismo, 62 de los 163 proyectos presentados fueron aprobados, frente a los sesenta y uno de la novena versión. Un 62,5% de los recursos fue entregado por Fondef-Conicyt a proyectos con sede en regiones, de donde provienen 41 iniciativas adjudicadas. El porcentaje restante benefició a la Región Metropolitana.

El Mercurio, 23 de enero de 2002
23 de Enero de 2003
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