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Rectores, vicerrectores y docentes de instituciones privadas autónomas revelan sus temores frente al nuevo sistema de acreditación de las universidades que se discute en el Congreso. Cada uno entrega “la fórmula” para que el proyecto funcione.

 

 

Los sistemas de control de calidad que tienen las 28 universidades privadas autónomas, 47 institutos profesionales y 112 centros de formación técnica del país serán sometidos a examen. Las universidades tradicionales, que forman parte del Consejo de Rectores, tampoco estarán ajenas al proceso.

 

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso -que establece un sistema que asegure la calidad de la enseñanza de la educación superior- no es excluyente. Al contrario, impulsa la creación de una agencia pública única o Comisión Nacional cuyo fin será acreditar a los establecimientos de educación superior.

 

Los últimos cambios que experimentó el proyecto en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados – el Presidente de la República ya no designará a la mayoría de los miembros de la agencia pública y ese organismo contará con un registro de pares evaluadores- fueron bien recibidos por representantes de universidades tradicionales y privadas.

 

Pero algunos expertos, tienen algo que decir.

 

ÓSCAR CRISTI

Las agencias que no participarían

El rector de la Universidad de los Andes, Óscar Cristi, asegura que el proyecto de ley sobre aseguramiento de calidad en la educación superior responde a un esquema obsoleto.

 

“Cuando en el pasado había pocas universidades y por tanto las posibilidades de elegir eran casi nulas, se justificaba un sistema como el propuesto en el actual proyecto: sólo certificación de calidad – explica- . Hoy en Chile hay un gran número de universidades, de perfiles variados, y las familias necesitan un buen instrumento para elegir la que mejor se ajusta a sus intereses”.

 

Su propuesta es contar con un “ranking” para universidades y distribuir los recursos estatales en función de esa clasificación.

 

Según el rector, el gobierno ya ha puesto en práctica ese sistema en otras áreas. Es el caso de investigadores que han obtenido fondos de Fondecyt y Fondef. “El aporte fiscal directo también debería entregarse vía fondos concursables, que son instrumentos que permiten medir la calidad. Las universidades podrían participar, cada una con su proyecto, se elaboraría un ranking y sólo los mejores recibirían financiamiento”, dice.

 

Frente a la propuesta del Ejecutivo que crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Oscar Cristi encuentra positivo que ese organismo lleve un registro de agencias, nacionales o extranjeras, capacitadas para realizar la evaluación. Pero asegura que las instituciones interesadas deberían elegir libremente a cualquiera de ellas.

 

“El mecanismo de elección de agencia que se propone a las universidades es engorroso – explica- . Las instituciones que quieran ser acreditadas deberán presentar ternas de personas naturales o jurídicas y sería la Comisión Nacional (CNA) la que decidiría, en base a esa terna, cuál es la que realiza la evaluación. Este paso es extraño, ya que desde el momento en que una agencia califica para estar en el registro, no parece haber razón para negarse a que realice sus funciones, más aún si es elegida por una universidad interesada en acreditarse”.

 

Agrega: “la Comisión Nacional se reserva la decisión final de acreditar o no a una institución. Si eso es así, los pares evaluadores se transforman en instrumentos. El sistema quiere abrirse a agencias extranjeras de prestigio, pero difícilmente una de ellas va a estar dispuesta a someterse a un veredicto posterior. Tal como está el proyecto, se corre el riesgo de que esas agencias internacionales no participen”.

 

Además, le preocupa que se genere un posible conflicto de intereses entre las agencias acreditadoras y las universidades. “Es una de las debilidades del proyecto – explica el rector- . Las universidades estatales serían acreditadas por un ente también estatal. ¿Tendrá esta agencia estatal la independencia como para no acreditar a esa universidad? ¿No sería más sano, siguiendo la lógica de la argumentación de conflicto de intereses, que las universidades estatales fuesen acreditadas por agencias no estatales?”.

 

JOSÉ JULIO LEÓN

“Es un esfuerzo inútil”

El abogado y vicerrector académico de la Universidad Diego Portales, José Julio León, está de acuerdo en la creación de un sistema nacional de acreditación. Sin embargo, estima que evaluar a todas las carreras y programas es un esfuerzo inútil.

 

“La acreditación por programas debería focalizarse a aquellos que son de interés público o social, como la medicina. Es un exceso preocuparse de los más de tres mil programas que existen en el país”, dice.

 

Sobre la acreditación institucional, León estima que la iniciativa es positiva y que contar con una agencia pública única a la cabeza del proceso no es algo que debería extrañar porque en la mayoría de los países existe una organización con estas características que certifica a otras agencias acreditadoras o realiza esa tarea. “Aun cuando existan varias agencias, finalmente debe haber un ente público que certifique que esas empresas cumplen con criterios y estándares de calidad. El núcleo de la discusión debería estar en quiénes componen esa organización y el acuerdo al que se llegó en la Comisión de Educación de la Cámara estaría cautelando esto”.

 

Amarrar el acceso a los recursos públicos – tal como propone el Ejecutivo- a las instituciones acreditadas también le parece correcto, siempre y cuando haya igualdad de trato. “Cualquier universidad, pública o privada, debería tener derecho a estos fondos”, sostiene.

 

Lo que propone para avanzar es no condicionar el despacho del proyecto de ley de créditos a estudiantes de universidades privadas, que “es más urgente”, a un acuerdo sobre acreditación universitaria.

 

“El anuncio de que estos créditos no estarán disponibles el 2004 es una mala señal y es percibido como presión para avanzar en otro tema enteramente distinto”, señala.

 

HÉCTOR ZÚÑIGA

“Lo que atenta contra la calidad”

Para Héctor Zúñiga, presidente de la Corporación de Universidades Privadas, que reúne a 18 instituciones – Universidad Central, del Mar, Bernardo O’Higgins, La República, Mariano Egaña y Santo Tomás, Uniacc, entre otras- la creación de un registro de pares y agencias evaluadores es un avance “significativo”.

 

La aprobación de este artículo, dice, “muestra un esfuerzo de entendimiento, pues hay un sector que encuentra imprescindible que el otorgamiento oficial de la acreditación esté centralizado y a su vez, por la otra parte, que no basta con consensuar la constitución de la comisión, sino que es necesario permitir que exista apertura para la participación de agencias intermedias, a través de la inscripción de personas jurídicas registradas, entre las cuales las universidades elegirán”.

 

Pero, en opinión de Zúñiga, la redacción de este artículo deberá ser perfeccionada de manera que “no dé lugar a dudas”.

 

Para la mayor parte de las universidades privadas, explica Zuñiga, la CNA debe limitarse a certificar qué entidades están habilitadas para proceder en materia de acreditación institucional. “La fórmula encontrada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados parece resolver esto siempre y cuando los pares evaluadores, sean personas naturales o jurídicas, tengan un papel relevante”.

 

Por ello, Zúñiga cree que, además, hay que realizar ajustes que hagan posible la aplicación de criterios de acreditación de agencias internacionales experimentadas. “Esto no se logrará si por la vía de facultar al aparato central para fijar y revisar criterios y estándares comunes se mantiene el espíritu centralizador y regulador contenido originalmente en el proyecto de ley en materia de acreditación institucional – dice- . El espíritu centralizador es anticalidad, porque uno de los pilares de la calidad es la diferenciación. Es también importante precisar el sentido y el efecto del informe de los pares evaluadores, de manera que éste no se transforme sólo en un antecedente que no sea vinculante con la decisión de acreditar”.

 

Respecto a la vinculación de la acreditación institucional con el financiamiento de los estudiantes, Zúñiga sostiene que no hay que confundirse, pues ello sería legítimo si el Estado entregara financiamiento a las universidades, pero se trata de otorgar financiamiento a los estudiantes. “En una sociedad en que se supone que hemos aprendido que no es el Estado el que toma las decisiones por las personas, lo lógico sería que al estudiante que califique se le otorgue la calidad de titular de un crédito y con este título concurra a la institución que él elija, lo que constituye una expresión real de reconocimiento de la calidad, por parte del cliente de un servicio, en este caso educacional”, concluye.

 

RUBÉN COVARRUBIAS

“La libertad está en juego”

La Universidad Mayor congeló su participación en el proyecto de acreditación institucional impulsado por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP). El problema, explicó el rector Rubén Covarrubias, “no es si debe existir o no un proceso de acreditación, sino entregar la alternativa de elegir libremente la agencia que acredite institucionalmente a una universidad”.

 

El proyecto ahora permitirá contar con una red de evaluadores externos, autorizados por una única agencia pública, pero para Covarrubias este “progreso” no es suficiente: “Jamás nos hemos opuesto a que exista un sistema de acreditación institucional, pero aquí estamos ante una agencia nacional que llamará a concurso público para formar un registro de pares evaluadores. Es difícil que una entidad extranjera de prestigio esté dispuesta a participar, con el riesgo que le digan que no califica. Y, aun cuando no sea así, ¡no podrá acreditar a nadie! Esa función sólo podrá desempeñarla la agencia pública. ¡No tiene sentido!”

 

El rector cree que el Estado tiene derecho a contar con su sistema de acreditación porque numerosas universidades dependen de él, pero está convencido que el resto de las instituciones de educación superior deben poder elegir qué organización los evaluará.

 

“Es un problema de libertad, eso es lo que está en juego”, dice Covarrubias. No veo por qué se va a establecer una especie de dogma de que el Estado y sólo el Estado va a ser

el regulador de la calidad del sistema universitario”.

 

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER

“Evitar la burocracia”

Para el director de Educación de la Fundación Chile y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, José Joaquín Brunner, la tarea que está pendiente es buscar los mecanismos para garantizar que los procedimientos de evaluación institucional no se transformen en sistemas burocráticos.

 

“Cada vez que se desarrollan régimenes de aseguramiento de la calidad, no de inmediato, pero a los 10 ó 15 años, existe el peligro de que estos sistemas se vuelvan más rígidos, lo que termina por inhibir la capacidad de innovación del sistema universitario”, explica.

 

Su propuesta apunta a que la evaluación institucional a la que se someterán los establecimientos de educación superior no se pierda en detalles, como el porcentaje de profesores con doctorados o el número por alumno. “Son situaciones que cambian de una universidad a otra. Hay que tener flexibilidad de criterio para entender que se trata de una auditoría, donde lo importante es mirar si cada establecimiento tiene sistemas internos de control de calidad y cómo operan”, dice Brunner.

 

Agrega: “¿Se preocupan las universidades de lo que ocurre con sus graduados? ¿Trabajan para mejorar la calidad de sus carreras? ¿Saben cuáles son las tasas de deserción y por qué se producen? ¿Tienen evaluación de sus profesores? Esas son las preguntas que hay que resolver”.

 

Frente a la indicación aprobada por la Comisión de Educación de la Cámara, Brunner estima que se trata de una iniciativa que debe mantenerse.

 

“Sólo en este país creemos que los comportamientos institucionales se van a resolver mediante una ley, cuando en realidad esto depende de la disposición de los establecimientos para desarrollar sistemas de autorregulación y control de la calidad. Aún hay instituciones que tienen temor y resistencia a ser evaluadas, a ser más transparentes frente a sus usuarios, no entregan con facilidad la información que en cualquier sistema de educación superior se esperaría que entreguen”.

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES SANTANDER

“No debería existir la CNA”.

La investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, María de los Ángeles Santander, está desilusionada. A pesar del anuncio de crear un registro de pares evaluadores, ninguno de sus miembros tendrá la función de acreditar institucionalmente a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Sólo podrán evaluarlos. La agencia pública única continuará, entonces, manteniendo el monopolio del proceso y, por lo mismo, una buena cuota de poder.

 

“Tal como está el proyecto, una universidad no puede elegir a la agencia nacional o extranjera que lo evaluará institucionalmente, puede proponer nombres, pero al final es la CNA la que decidirá – explica María de los Ángeles Santander- . En el caso de la revisión de programas y carreras, esa misma comisión va a seleccionar a las instituciones evaluadoras. ¡No estamos frente a un mercado competitivo! Menos aún si la decisión de acreditar o no a un establecimiento educativo no está en manos de estas organizaciones intermedias, sino que es una decisión de la agencia pública nacional”.

 

Lo que propone es simple: no debería existir una CNA.

 

“Podríamos funcionar sin ella – dice Santander- . Hoy día lo que le falta al sistema es información. Sería mejor definir una institución encargada de entregarla. Lo relevante para los alumnos no es que les digan ‘dónde’ realizar su inversión en educación, sino más bien que les informen si la institución que les interesa posee o no las características que dice tener y que luego les permitan escoger libremente”.

 

Agrega: “No hace falta cuestionar si lo que las instituciones de educación, superior ofrecen es suficiente o no, ya que serán los alumnos y sus familias quienes decidirán por medio de su opción de matricularse en una u otra. Para hacer más creíble esa información se valora el que sea entregada por alguien externo a la institución en cuestión, que ‘acredite’ que la información presentada corresponde a la realidad”.

 

El Mercurio

9 de noviembre de 2003