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Proyecto revela aspectos de la integración psicosocial de jóvenes infractores de ley

Publicado 09-05-2012

En 2009, más de 430 millones de pesos fueron adjudicados por académicos de la Universidad de La Frontera para el proyecto “Integración” –en el marco del Concurso I+D de Fondef- iniciativa que apuesta por idear una estrategia ecosistémica de intervención diferenciada para favorecer la integración psicosocial de adolescentes infractores de ley. Fuente: UFRO AL DIA

 

A cuatro años de iniciado el proceso, los resultados que ha arrojado esta experiencia han sido sorprendentes, no sólo para los responsables del proyecto, también para toda la red institucional vinculada a la judicialización y/o intervención de jóvenes que han cometido delitos.

 

TRABAJO DIFERENCIADO

 

Con un grupo de trabajo compuesto por los académicos del Departamento de Psicología de la UFRO, doctores Ricardo Pérez-Luco, Alba Zambrano y Paula Alarcón, a la fecha se han desarrollado cuatro niveles de trabajo, con distintos impactos.

 

El primero de ellos es una experiencia piloto con una comunidad del sector Vista Verde de Temuco, donde se ha levantado información para diseñar un modelo de trabajo comunitario para la prevención de la delincuencia infanto-juvenil.

 

Un segundo nivel es el trabajo con las redes institucionales que abordan diferentes aspectos de la judicialización y/o intervención de los adolescentes que presentan delitos, tanto en el tratamiento reparatorio, sanción o en la investigación policial. “Esto es tan básico como que si un adolescente no está interesado en la intervención y otro sí, no puedo aplicar la misma estrategia. Debemos diseñar tratamientos diferenciados”, señaló el director del proyecto, doctor Ricardo Pérez-Luco. “Y es en este momento cuando entra en acción una serie de instituciones (Defensoría Penal Pública, SENAME, Ministerio Público, entre otros)”, agregó.

 

CAMBIO DE PARADIGMA

 

En un tercer nivel se ubican los operadores de los programas y los supervisores directivos que están a cargo del diseño de las acciones de trabajo con los jóvenes. “Aquí nuestra función no es sólo entregar nuevo conocimiento, sino buscar la manera de que todas estas personas piensen de manera distinta el trabajo que hacen. Es desaprender lo aprendido y finalmente cambiar el paradigma”, dijo Pérez-Luco.

 

Asimismo, explicó que “el sujeto adolescente que nosotros les mostramos es una persona diferente de cómo ellos la ven y la `piensan’. No toman en cuenta el historial familiar, el paso por la escuela, convivencia con la comunidad, por lo tanto el modo de procedimiento es bastante simple: según el delito es la condena”.

 

Este enfoque, y a juicio de los especialistas, es el principal problema que deriva en la poca efectividad del sistema judicial. “Nosotros partimos de una premisa distinta a lo que el sistema judicial considera un hecho. El modelo jurídico es positivista, es decir, vale aquello que se prueba como verdadero y se sanciona según el comportamiento”, explicó la doctora Alba Zambrano. Y es aquí donde se produce la complejidad, pues no se consideran las particularidades de los adolescentes, y a pesar de que muchos han cometido delitos graves no necesariamente se ha estructurado su estilo de funcionamiento como infractor de ley y es un evento aislado en su biografía”, agregó.

 

PARTICULARIDADES DE CADA CASO

 

Finalmente, del trabajo directo con los adolescentes ha resultado un diagnóstico con resultados sorprendentes. Hay jóvenes que tienen dos, tres o cuatro sanciones en paralelo y que incluso suman hasta 17 años de sanción, pero nadie ha observado al sujeto y su complejidad. “Nosotros planteamos que el delito es la consecuencia de un proceso evolutivo que parte en la infancia o en diferentes momentos de la adolescencia y que es afectado por una serie de factores”, dijo Pérez-Luco.

 

Por lo tanto, es importante observar el proceso, cómo se da en cada caso y qué factores determinan las acciones delictivas. “Queremos sintonizar la evolución, trayectoria y requerimientos que tienen los chicos, por eso hablamos de una intervención diferenciada que tiene que estar construida a la medida de las necesidades de los adolescentes porque las sanciones que hoy se aplican no reflejan esa trayectoria”, agregó la doctora Zambrano.

 

PROFESIONALIZACIÓN COMO RESULTADO

 

Hasta ahora unas 120 personas han tomado parte de la iniciativa y destaca la profesionalización y especialización de los miembros de diversas entidades, quienes han entendido que el trabajo que llevan a cabo requiere de un conocimiento especializado.

 

Otro resultado importante es que gracias al proyecto, el SENAME ha incorporado ciertos cambios en su normativa técnica; “hemos capacitado a su gente, es decir, a quienes toman las decisiones”, comentó Pérez-Luco. Esta situación particular reveló que los expertos entendieron que el sujeto de atención no es el infractor de ley sino el adolescente. Hasta ahora ellos sólo administran la sanción, pero lo que se necesita es tratamiento. “Esto nos demuestra que el cambio de paradigma se está produciendo”, puntualizó.

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